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Los bonos de deuda pública son un tipo de instrumento financiero emitido, habitualmente, por los Estados y, por tanto, respaldado por la solvencia financiera de un país.
Son el mecanismo a través del cual los Estados se financian en los mercados. Lo habitual es que se coloquen a nombre del portador y sean comercializados en un mercado oficial de valores o mediante subasta pública.
El Estado emisor se compromete a devolver el dinero recibido (capital principal) en un plazo determinado de tiempo, junto a una cantidad fija de intereses.
Tal y como acabamos de señalar, los principales emisores de deuda pública son los Estados soberanos. No obstante, también hay entidades infranacionales o supranacionales que pueden emitir bonos de deuda pública.
En el caso de las entidades infranacionales, estaríamos hablando de gobiernos regionales o municipios. En el caso de España, las Comunidades Autónomas emiten deuda pública.
Tratándose de entidades supranacionales, podríamos poner como ejemplo al Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones o la Corporación Andina de Fomento.
Cuando se evalúa el riesgo financiero o el riesgo de impago de los bonos de deuda pública, no se habla en sí mismo del riesgo económico o riesgo de crédito, sino más bien del “riesgo país”; es decir, cuanta mayor sea la estabilidad política, jurídica, social y, por supuesto, económica de un país, menor será el riesgo país de sus bonos.
Por regla general, los bonos de deuda pública de la mayor parte de países desarrollados ofrecen un nivel de riesgo bajo, si bien la rentabilidad ofrecida por los mismo es igualmente reducida.
Sin embargo, los bonos de deuda emitida por países en vías de desarrollo o cuya economía lleve décadas en decadencia presentan un nivel de riesgo más elevado, aunque también suelen ofrecer tipos de interés mayores.
Al margen del riesgo país, los bonos de deuda pública también presentan los riesgos propios de cualquier otro bono; esto es:
El motivo por el que los Estados emiten bonos de deuda pública no es otro que disponer de una fuente de financiación complementaria a la recaudación de impuestos.
Los Estados, como cualquier organización, necesitan recursos y liquidez económica para pagar sus gastos estructurales; es decir, los salarios de los funcionarios, el coste de los servicios públicos y todos los gastos propios del sistema de pensiones.
Si los impuestos recaudados no son suficientes para hacer frente a estos costes, los Estados necesitan acudir a los mercados a conseguir dinero prestado. Por regla general, los bonos de deuda pública se emiten en grandes cantidades, por lo que es habitual que los prestamistas sean otros Estados, grandes corporaciones y grandes fondos de inversión. No obstante, nada impide que un particular adquiera bonos de deuda en los mercados donde se comercialicen.
Para invertir en deuda pública se puede comprar directamente a la institución que los emite o bien recurrir a un intermediario o broker para comprarlos en los mercados secundarios. Esta segunda opción es mucho más sencilla, aunque lo habitual será pagar una comisión adicional por ello. Además, es posible adquirir los bonos tal cual o bien de forma indirecta, a través de fondos de inversión o ETFs, que invierten de forma diversificada en varios bonos.
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Los bonos de deuda pública presentan una serie de características específicas que, en cierto modo, los diferencian de otros productos financieros de renta fija.
Para determinar el precio de los bonos en el mercado, siempre se tienen en cuenta un conjunto de 3 variables:
En lo que se refiere a este último factor, conviene tener presente que se aplican diversos principios, tales como los siguientes:
Es decir, los bonos de deuda pública son productos extraordinariamente seguros y fiables. Sin embargo, si se opta por operar con ellos en los mercados secundarios, la rentabilidad que se pueda obtener y los riesgos de la operativa será muy semejantes a los de cualquier otro activo bursátil.
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