La LOPD y el derecho al olvido

El tema de la Ley de Protección de Datos está de rabiosa actualidad recientemente hemos conocido la sanción que ha interpuesto la Agencia Española de Protección de Datos, en adelante AGPD, a la multinacional estadounidense Google a consecuencia del incumplimiento reiterado de los requisitos legales aplicables a los datos personales que recoge de sus usuarios.

Nosotros hemos querido compartir contigo este artículo para que conozcas un poco más sobre los derechos que te asisten a la hora de borrar aquellos datos que consideras personales y que no deberían de ser públicos.

La sociedad del conocimiento ha puesto a nuestro alcance herramientas que nos permiten acceder a cantidades de información impensables en un pasado no muy lejano.

La revolución 2.0 ha provocado una globalización del acceso a estas fuentes que crecen día a día para dar servicio a los ciudadanos que las reclaman. Los usuarios vivimos en conexión permanente a repositorios documentales que nos permiten el acceso constante a todo tipo de a datos, y en muchos casos estos datos pertenecen a personas que pueden ejercer su derecho a ser olvidados.

El Derecho al olvido es la posibilidad de que los datos que una persona voluntariamente registró en el pasado dejen de ser accesibles por petición de las mismas y cuando éstas lo decidan. Es el derecho que tenemos todos a retirarnos del sistema y eliminar la información que contiene la red de nosotros.

Personas que se sienten perseguidas se dirigen a las autoridades solicitando la tutela de sus derechos a partir de la cancelación de estos datos.

Debido a estos supuestos se ha generado un debate jurídico a propósito de cómo los cambios sociales deberían implicar reflexiones en el ámbito jurídico. ¿Hasta que punto el derecho que ordena nuestras sociedades es eficaz en el entorno 2.0 que vivimos?

En España, la Agencia Española de Protección de Datos actúa habitualmente para resolver este tipo de litigios.

Según la Memoria anual de la AGPD durante el ejercicio 2012 se incrementaron las demandas de los ciudadanos encaminadas a evitar la difusión universal y permanente de sus datos personales a través de buscadores de internet. Durante este periodo temporal se produjeron 181 reclamaciones que supusieron un aumento del 13% respecto al año anterior.

Las reclamaciones interpuestas ante buscadores de internet fueron 131 mientras que Boletines Oficiales o medios de comunicación digitales recibieron el resto, 34 y 21 respectivamente. Un 45% de la resoluciones fueron consideradas estimatorias suponiendo la resolución de los agravios denunciados por los usuarios.

Desgraciadamente el aumento de este tipo de reclamaciones parece que será sostenido debido a la cantidad de datos que registran las generaciones más jóvenes suponiendo, en muchas ocasiones, un autentico currículo futuro no deseado.

¿Cuál es el papel de la AEPD en este asunto?

La AEPD ha actuado para intentar solventar los perjuicios que se estaban produciendo ante el tratamiento no adecuado de los datos de los usuarios. Así, el órgano público ha recordado en diferentes ocasiones a los usuarios que no deben resignarse a que sus datos sean difundidos por internet sin tener éstos una relevancia informativa.

El derecho a la cancelación u oposición de nuestros datos personales está siendo atendido por la AGPD, la cual exige a los buscadores que encuentren los medios técnicos para evitar que la información vuelva a ser relevante en el futuro.

La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal ampara a los usuarios españoles a partir de los principios de consentimiento y finalidad. En el artículo 6 de la LOPD se establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”.

A efectos de derecho al olvido podemos aplicar el principio de consentimiento en un supuesto doble. En primer lugar, cuando es el propio usuario el que presta su consentimiento o pública directamente los datos, tiene derecho a revocar su consentimiento, es decir, exigir que lo que antes permitió, desaparezca.

En segundo lugar, un ciudadano puede oponerse a la publicación de informaciones que contengan datos personales sin su consentimiento a no ser que dicha información se englobe dentro del ejercicio de las libertades informativas (ya vimos algo parecido en este artículo sobre cómo salir de las listas de morosos aplicando la LOPD).

Por otro lado, los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento del principio de finalidad como base sólida para obtener el reconocimiento al derecho de olvido digital.

En este supuesto, el artículo 4.5 de la LOPD establece que “los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”. En este caso el derecho al olvido permitiría perseguir el efectivo cumplimiento de estas obligaciones legales recordando a los gestores de contenidos que dichos datos sólo podrán utilizarse con la finalidad para la cual fueron registrados.

Conviene recordar, a modo de conclusión, que una buena manera de evitar los debates de interpretación legal comentados en el presente artículo es aplicar criterios de sensatez en el momento de proporcionar nuestros datos personales a un tercero.

Este artículo ha sido confeccionado por Guillermo Campamá, consultor y auditor jefe de EuQuality, empresa experta en implantación y auditorías LOPD.

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Silvan

Publicado el 13 mayo 2016 Responder

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