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Las claves de la sentencia del Supremo sobre el IAJD, ¿qué ha pasado y cómo nos afecta?

Después de dos días de debate en el pleno del Tribunal Supremo, y con una expectación sin precedentes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo determinó que los clientes deberían pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, desdiciéndose de esta manera de una primera sentencia que daba la razón a los prestatarios. De este modo, la legislación queda sin modificaciones y lo que a priori parecía que iba a ser una deliberación sobre si la decisión tendría carácter retroactivo o no, finalmente se ha decidido dar la razón a los prestamistas.

La historia detrás de esta polémica sentencia

Hipotecas Tribunal SupremoPero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Para entender toda esta polémica, tenemos que remontarnos muy atrás, en concreto, a mayo de 1995, que es cuando se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En su artículo 68 se precisa que es el prestatario quien debe abonar el tributo, es decir el cliente de banca. Este artículo especifica de forma bastante explícita quién debe ser el contribuyente en este caso concreto.

Diez años después, el propio Tribunal Constitucional duda sobre la legalidad de este artículo en dos autos emitidos para resolver varias dudas presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Algunos expertos creen que no respeta el principio de reserva de Ley previsto en el artículo 8 de la Ley General Tributaria y que, además, regula un supuesto muy específico, algo que no puede ser hecho a través de un Reglamento, de modo que el segundo párrafo de este artículo queda en entredicho por no respetar la legislación vigente.

Sin embargo, no es hasta 2015 cuando llegan las primeras sentencias en favor de los prestatarios. El 23 de diciembre de aquel año, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resuelve que en los litigios entre bancos y clientes, es la entidad financiera quien tiene que pagar el impuesto de la hipoteca por ser el principal interesado en la inscripción de la garantía hipotecaria. Este cambio doctrinal provoca una avalancha de denuncias contra los bancos por parte de miles de consumidores que suscribieron estas clausulas.

El caso que finalmente desencadenó este proceso fue una denuncia de la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid que denunciaba a la Empresa Municipal de Vivienda, al exigirle el pago de unos 4.000 euros por la inscripción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en ese momento en contra del consistorio, que recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, admitida a trámite por la Sala de lo Civil en enero de este mismo año, y cuya sentencia dictaminó en febrero que era el cliente y no el banco quien debía abonar el IAJD en la firma de una hipoteca.

Todo parecía claro, pero en septiembre de 2018, los magistrados de la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo deciden seguir adelante con el recurso al entender que es a ellos a quienes corresponde fijar la doctrina. El 18 de octubre, deciden dar un giro radical a las sentencias anteriores, y establecen que es el banco y no el cliente quien tiene que pagar el impuesto, dando la razón al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Sin embargo, este giro tan radical en el criterio provoca que el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, anuncie la paralización de esta sentencia por su enorme repercusión económica y social.

Entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre, los bancos paralizan sus ofertas hipotecarias, la bolsa sufre un descenso muy acusado en la cotización de los valores, especialmente los bancos, por una posible retroactividad en la devolución de las cantidades abonadas a Hacienda y se suceden las críticas al Supremo por la incertidumbre y la inseguridad jurídica generada por la decisión. El día 6 de noviembre, y después de dos días de deliberaciones, la Sala de lo Contencioso Administrativo decidió dejar intacta la doctrina inicial por 15 votos a favor y 13 en contra, provocando el enfado de muchos ciudadanos y partidos políticos y dejando la puerta abierta al gobierno para aclarar el polémico artículo de la Ley.

Qué pasará a partir de ahora

El día después de la sentencia definitiva, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto para modificar la Ley y establecer que eran los bancos y no los clientes quienes debían hacerse cargo del IAJD. Eso sí, sin carácter retroactivo, de modo que los bancos no deberán devolver a los clientes la cantidad abonada por este concepto, y sin posibilidad de que los bancos pudiesen incluir este gasto como deducible dentro del Impuesto de Sociedades. Según cálculos de Gestha, este cambio legislativo provocará que 450.000 nuevos hipotecados se ahorrarán cada año más de 1.100 millones de euros.

Sin embargo, es posible que este cambio provoque un encarecimiento en las condiciones de los préstamos hipotecarios, como ya han anunciado fuentes del propio sector. Algunos expertos creen que muchos bancos podrían recuperar la comisión de apertura para compensar el efecto negativo de que tengan que asumir ellos el coste del IAJD. Al fin y a la postre, parece que será el cliente quien tendrá que abonar de manera indirecta este impuesto.

En cualquier caso, e independientemente de cuál hubiese sido la decisión final del Alto Tribunal, la imparcialidad del Supremo ha quedado en entredicho, y ha provocado todo un tsunami a la seguridad jurídica española que será difícil de contrarrestar. Se trata de una decisión sin precedentes que ha hecho temblar los propios cimientos del Estado de Derecho español. Los bancos aplauden la decisión mientras que, los hipotecados, por su parte, tendrán que resignarse a no poder reclamar estas cantidades.

Pero puede que este capítulo no se haya acabado aún. Todavía habrá que esperar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para conocer su criterio. No hay que olvidar que ya le dio un tirón de orejas al Tribunal Supremo por el caso de las cláusulas suelo. Así que no se vayan, porque puede haber más.

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